El crecimiento en la economía de un país se determina en el cálculo del indicador denominado P.I.B. En los años 2002 y 2003 la economía venezolana produjo menos bienes y servicios, tal como se evidencia en el cuadro No. 1, en el cual se puede observar que el P.I.B. respectivo fue –8,86 (02-01) y - —7,76, (03-02) las cifras significan que en el país el valor de la producción de bienes y servicios es menor en el 2003 al compararlo con el año anterior, para luego entrar en una fase de crecimiento desde el 2004 hasta el año 2008, crecimientos exorbitantes que van desde 18,29% en 2004 hasta 4,78% en 2008. Es preocupante observar como en los últimos 5 años, la actividad petrolera ha decrecido en 4 de esos 5 períodos, mientras que en la actividad no petrolera de los últimos 6 años en 5 ha ocurrido un crecimiento positivo, a pesar de los incesantes obstáculos que se le colocan desde el gobierno y el estado. Un comentario similar podría hacerse del sector manufacturero el cual ha tenido comportamiento similar al de la actividad no petrolera. Mención aparte merecen los sectores de Comunicación y el de Instituciones Financieras, los cuales han sido los de mayor crecimiento en este periodo. Aun cuando este último ha decrecido en los últimos 2 años. Con este indicador lo importante no es que tan alto haya crecido, sino cual es su tendencia y es por esto que en el gráfico arriba ilustrado se ve como a partir del 2005 se inicia la tendencia negativa en el comportamiento de la economía venezolana. ¿Pudo suavizarse esta tendencia? Claro que si, aplicando políticas que estimularan la producción en el aparato productivo, conciliando con los empresarios, mejorando la infraestructura vial y portuaria, mejorando la eficacia de CADIVI en la entrega de dólares, actuando más frecuentemente en el mercado cambiario, manteniendo armonía en las distintas políticas económicas, disciplinando el gasto público, minimizando la política de nacionalizaciones, estimulando la creación de empleos, profesionalizando y no politizando la labor del empleado público, disminuyendo el peso del estado, diseñando políticas para la atracción de inversiones extranjeras, estableciendo un marco jurídico que garantice estabilidad a los inversionistas, realizando inversiones en el sector energético—petrolero, etc.
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